Finalmente, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso su proyecto de ley de delegación de facultades legislativas. La propuesta abarca materias de seguridad ciudadana, empleo, economía, ambiente y diversos cambios normativos.
Dentro de ese conjunto de medidas, hay una que nos merece una especial atención y que ya hemos venido comentando en anteriores publicaciones: la propuesta para “fortalecer el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”, que incluye la denominada «compra de renuncias» con el propósito de reducir la planilla estatal.
No es una idea nueva. Durante la década de los noventa, la reducción del tamaño del Estado fue una política central. El Decreto Supremo N.° 004-91-PCM, por ejemplo, estableció incentivos económicos para que los servidores públicos renunciaran voluntariamente: 15 remuneraciones para quienes tenían entre 1 y 9 años de servicios; 20 remuneraciones para quienes tenían entre 10 y 15 años; y 24 remuneraciones para quienes superaban los 16 años.
Este mecanismo, no dio ningún resultado, porque como lo hemos señalado en otras oportunidades, el estado creció muchos más a través de otras modalidades de contratación (SNP, FAG, PNUD, entre otros), que terminó favoreciendo a los partidarios del gobierno de turno, lo que no permitió además; construir un servicio civil más ordenado, profesional y sostenible. El problema, en otras palabras, no era solamente cuántas personas trabajaban en el Estado, sino cómo ingresaban, bajo qué reglas permanecían y si el sistema respondía realmente al mérito y a las necesidades de la ciudadanía.
Treinta y cinco años después, se plantea nuevamente la misma fórmula. La exposición de motivos del proyecto normativo de delegación de facultades, propone usar como referencia la indemnización prevista para el régimen laboral privado: una remuneración y media por cada año completo de servicios, con un tope de doce remuneraciones.
La medida esta dirigida a servidores CAS a plazo indeterminado, personal nombrado bajo el Decreto Legislativo N.° 276 y trabajadores a plazo indeterminado del Decreto Legislativo N.° 728. Según la exposición de motivos, el escenario más conservador estima la salida de 2,500 servidores y el más optimista la de 10,000. No obstante, no se precisa el plazo en el que tales resultados podrían alcanzarse (¿1 año, 2 años, 3 años, el término de gobierno?).
Los datos de SERVIR permiten poner esas cifras en perspectiva. Entre 2017 y 2025, los servidores bajo los tres regímenes generales —CAS, Decreto Legislativo N.° 276 y Decreto Legislativo N.° 728— pasaron de 667,008 a 853,791. Esto significa un aumento neto de 186,783 personas en ocho años: aproximadamente 23,348 servidores adicionales por año.
Por supuesto, este dato no permite afirmar que ingresen exactamente 23 mil personas anualmente al Estado. La información disponible no identifica las desvinculaciones, las reposiciones ni los cambios de entidad o de régimen. Pero sí revela algo relevante: aún tomando una medida conservadora, la planilla de los regímenes generales ha crecido, en términos netos, a un ritmo mayor que el escenario más optimista de compra de renuncias planteado por el Ejecutivo.
Dicho de otro modo, incluso si se alcanzara la salida de 10,000 servidores, esa cifra representaría menos de la mitad del crecimiento neto promedio anual registrado entre 2017 y 2025. Por sí sola, la compra de renuncias difícilmente podrá cambiar la tendencia de expansión de la planilla pública.
El Perú no necesita repetir fórmulas del pasado (que fracasaron), necesita una reforma seria del servicio civil, una que ordene los regímenes laborales, fortalezca la meritocracia, proteja a los buenos servidores y asegure que cada contratación responda a una necesidad real del Estado y de la ciudadanía.
De lo contrario, estaremos nuevamente reduciendo personal por una puerta para luego reconstruir la planilla por otra. Una raya más al tigre.
