Hace unas semanas, se filtro a la prensa unos proyecto normativos de delegación de facultades, donde el Poder Ejecutivo, pretendería reducir la planilla estatal, a través de la «compra de renuncias».
Por lo que, antes de hablar de una nueva «compra de renuncias» en el estado, vale la pena recordar qué ocurrió la última vez que el Perú siguió ese camino.
En los años noventa se impulsó una agresiva política de reducción del aparato estatal. Se cerró la carrera administrativa (Decreto Legislativo N 276), se implementaron evaluaciones de personal que, en la práctica, terminaron convirtiéndose en mecanismos de despido y se promovieron programas de compra de renuncias para reducir la planilla pública.
Las cifras son elocuentes. Según el INAP, en 1990 el Estado contaba con 666 343 servidores públicos. Para 1993 esa cifra se había reducido a 323 999 trabajadores. Es decir, 342 344 personas dejaron de laborar en la administración pública en apenas tres años. Incluso las estimaciones más conservadoras hablan de más de 92 mil cesados, mientras que otras investigaciones elevan la cifra hasta 450 mil trabajadores. Sin embargo, la historia no terminó ahí.
Como la carrera administrativa estaba cerrada y el estado necesitaba seguir funcionando, se comenzó a contratar personal por otras vías. Aparecieron masivamente los Servicios No Personales (SNP) y otras modalidades de contratación civil que escapaban de las restricciones impuestas a la planilla pública.
El resultado fue exactamente el contrario al que se había prometido.
En pocos años, el Estado volvió a crecer, pero ya no sobre la base de una carrera pública sólida, sino mediante una burocracia fragmentada, con múltiples regímenes laborales y miles de trabajadores en condiciones mucho más precarias. De acuerdo con SERVIR, hacia 2004 los SNP ya representaban alrededor de 61 mil trabajadores (10 % del empleo público) y para 2020 esa cifra superaba las 200 mil personas.
A ello se sumó otra consecuencia poco comentada: el Estado perdió a muchos de sus mejores cuadros técnicos. Como señalan Koldo Echevarría y Juan Carlos Cortázar, buena parte de los profesionales más capacitados migró al sector privado, obligando posteriormente al propio Estado a volver a contratar especialistas mediante mecanismos excepcionales como el FAG, convenios PNUD y otros esquemas de contratación.
Por eso, el debate de hoy no debería centrarse únicamente en cuántos trabajadores dejarán el Estado.
La verdadera pregunta es otra: ¿existe un plan serio de reforma del servicio civil o simplemente se pretende reducir una planilla para volver a reconstruirla, unos años después, mediante contratos más precarios y menos transparentes?
La experiencia peruana demuestra que despedir trabajadores no equivale a reformar el estado. Si la historia sirve para algo, es precisamente para evitar repetir los mismos errores. Reducir el Estado sin rediseñar sus funciones, sin profesionalizar el servicio civil y sin una estrategia institucional termina siendo, más temprano que tarde, un simple cambio de planilla, que lo único que hace es engrosarla para el partido de gobierno.
